“Estuvimos dos años trabajando, conformamos una comisión, hicimos una auditoría y vamos a dar todos los pasos que tengamos que dar, por eso no estamos decretando ahora ni la estatización ni la anulación del contrato”, dijo el ministro de Obras Públicas.
El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy que la prórroga de las concesiones de las autopistas Panamericana y Acceso Oeste dispuesta por el Gobierno de Mauricio Macri es ilegal, y reiteró que será la Justicia la que determinará si corresponde la rescisión del contrato.
“Vemos elementos muy claros de una prórroga ilegal, un contrato que era de concesión y de obras, tenían que hacer obras en el marco del cobro del peaje; transformaron ese contrato en un pagaré a sola firma, esa deuda la tenemos que pagar todos los argentinos cuando pasamos por las cabinas de peajes”, dijo Katopodis en diálogo con FM Urbana.
Señaló que “estuvimos dos años trabajando, conformamos una comisión, hicimos una auditoría y vamos a dar todos los pasos que tengamos que dar, por eso no estamos decretando ahora ni la estatización ni la anulación del contrato”.
“Simplemente se hizo una auditoría, se le dio vista a las partes y se va a cumplir toda la instancia administrativa que se tiene que cumplir, y será luego la Justicia la que determine si corresponde o no corresponde la rescisión”, afirmó.
El ministro indicó que “el contrato establecía una vigencia hasta 2018 y por decreto, fuera de las posibilidades que se otorgaba al Poder Ejecutivo, se les otorgó una prórroga por diez años”.
Afirmó que la prórroga se otorgó “al solo efecto de pagar una deuda en dólares, que no justifica su composición y mucho menos la conversión de esa deuda de pesos a dólares”.
“Se les reconoció una deuda de más de 700 millones de dólares con una actualización del 8 por ciento anual, es decir una renta extraordinaria en dólares cuando no hay ni ningún elemento”, agregó.
Asimismo, sostuvo que “se garantizó que sean los usuarios los que tengan que pagar esa deuda a través de las tarifas, eso estaría implicando que una tarifa de 60/70 pesos pase a 600 pesos si tuviésemos que cumplir con la curva para el reparo de la deuda”.
Consideró que “tanto en el caso de las PPP como en este caso hay una lógica, son contratos que están escritos para que siempre sea el sector privado el que tenga las prerrogativas”.
“En el caso de las PPP nosotros logramos la rescisión de todos esos contratos, sin ninguna posibilidad de que ellos puedan hacer ningún reclamo ni en tribunales nacionales ni en tribunales internacionales, y hoy las obras se están haciendo a mitad de precio de lo que estaba establecido”, concluyó.